LOS JUDÍOS SEFARDÍES Y LA PATRIA ESPAÑOLA

 

 

Conferencia pronunciada en el Museo sefardí de Toledo el 1 de Septiembre de 2009

-I-

 

En la visita que hicieron los Reyes de España a la Sinagoga de Madrid el 31 de marzo de 1992, don Juan Carlos afirmó que Sepharad no era ya una nostalgia sino un hogar en el que “no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa porque los hispano-judíos están en su propia casa”.

 

Desde entonces, y debido a mi vinculación con la Comunidad Judía, han sido muchas las personas, especialmente de origen sefardí, que me han preguntado qué tenían que hacer para que las palabras de Su Majestad se convirtiesen en una realidad palpable y no siguiesen “sintiéndose” en casa sino “estando” en ella.

 

He pasado muchas horas dándole vueltas al tema tratando de buscar una solución sencilla, y que no supusiese la obligación de residencia que, aunque abreviada en el caso de los sefarditas desde la modificación del artículo 22 Código Civil en 1982, es condición sine qua non, para adquirir la nacionalidad española.

 

No voy a aburrirles a ustedes con una conferencia excesivamente jurídica y con citas de tediosos artículos enlazados unos a otros, para tratar de demostrar que las palabras que pronunció Su Majestad el Rey en 1992, cargadas de belleza y de buena voluntad, no tenían nada que ver con la realidad de los judíos sefarditas. A éstos se les igualaba, y ahí estaba el artículo 22 del Código Civil, con los iberoamericanos, filipinos, ecuatoguineanos o portugueses, para adquirir la nacionalidad española. Una nacionalidad o pertenencia a un pueblo –pues en el siglo XV, cuando fueron nuestros antepasados judíos expulsados del Reino, no existían las naciones- que tan sólo en el caso de los judíos sefarditas habían perdido en contra de su voluntad. Este ha sido un factor determinante, pues les distingue del resto de la comunidad hispana, para las concesiones de nacionalidad por Carta de Naturaleza que el Ministerio de Justicia viene otorgando a determinados sefarditas desde 1985.

 

Es más, en algunas comunidades judías sefarditas, como las que se crearon bajo la protección del Imperio Otomano, sus individuos nunca perdieron la conciencia de transitoriedad,  y siguieron formulando sus contratos matrimoniales –ketubás- con arreglo a las leyes de Castilla; y siguieron rezando en judeo-español o ladino; y siguieron trasmitiendo su lengua española, de generación en generación, hasta nuestros días. Los relatos de Blasco Ibáñez o de Pérez Galdós, contando en sus respectivos viajes a Constantinopla y los Balcanes, la sorpresa que se llevaron cuando encontraron a personas que hablaban la lengua de los Reyes Católicos, hicieron que en nuestra patria, entonces, como decía el poeta, envuelta en sus andrajos, comenzara a tomarse conciencia de la existencia de unos españoles más leales al Reino que muchos de los que habitaban el solar hispano.

 

En 1996 fui elegido diputado, o sea representante de la soberanía nacional, y el partido al que pertenecía –y al que sigo perteneciendo- pudo formar gobierno con el apoyo legislativo de los partidos nacionalistas de CiU, PNV y Coalición Canaria. Con anterioridad, junto a mi amigo Alberto Benasuly, colaboré con los diputados Robles Fraga y Carmen Romero, entre otros, en la reforma del Código Penal para que se introdujese en su articulado los delitos de xenofobia, racismo y antisemitismo. Unos años antes había obtenido el amparo constitucional para Violeta Friedman con el inestimable apoyo de quien entonces era Ministro de Justicia, Enrique Mújica, que ahora es el Defensor del Pueblo, por las difamatorias declaraciones de Léon Degrelle, el ex general de las Waffen SS, que había afirmado que los campos de exterminio eran un invento judío.

 

Durante los años de gobierno popular planteé a diversos ministros la posibilidad de hacer una ley especial para que los judíos sefarditas que pudiesen demostrar que descendían de aquellos expulsados en 1492 y que habían mantenido heroicamente los lazos culturales y lingüísticos con España, durante más de quinientos años, pudiesen, como había dicho el Rey, no sentirse “como” en su propia casa sino “en” su casa. Pues España, para la mayoría de ellos, nunca había dejado de ser su casa.

 

Pero ya me di cuenta que ese camino no iba a conducir a ningún resultado práctico. Aunque resulte paradójico, la política española, desde que se aprobó la Constitución, ha estado condicionada en determinados asuntos de política internacional, y nacional, por el criterio de algunos grupos minoritarios de la izquierda. El Partido Comunista, en la época de Carrillo, impidió que España, gobernando Suárez, se implicase más a fondo en Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Y ahora, desde luego, la Esquerra e Izquierda Unida marcan el rumbo en determinadas cuestiones. Cuando sale algún tema relacionado con las Comunidades Judías o con Israel, siempre aparecen los consabidos grupos pro palestinos que frustran cualquier iniciativa, al confundir la índole de los problemas de nuestras relaciones con la comunidad judía  con las relaciones con el Estado de Israel. Había, pues, que ir por otro camino.

 

De las diversas formas para adquirir la nacionalidad española, el Código Civil contempla, en su artículo 21.1 la posibilidad de obtenerla por “carta de naturaleza” si en “el interesado concurren circunstancias excepcionales”. El análisis de dichas circunstancias corresponde al Gobierno quien la concede por medio de un Real Decreto. Algunos deportistas, músicos, empresarios o escritores habían obtenido la nacionalidad por esa vía,  que no requería acreditar la residencia. Se trata de una facultad discrecional, no arbitraria, del Gobierno.

 

Luego voy a referirme con más detalle a esta cuestión. Pero antes quiero contarles la génesis de este proceso que ha llevado a la concesión de más de cuatrocientas nacionalidades por carta de naturaleza a judíos sefarditas que han podido acreditar su arraigada y continuada españolidad desde que sus antepasados fueron expulsados de la Península Ibérica, primero de España y, luego, de Portugal.

 

Finalizada la VI Legislatura, dejé de ser diputado. Pero desde el año 2001 planteé la cuestión, de forma oficiosa, a algunos miembros del gobierno del PP. Aunque, quizás más preocupados por consolidar la sucesión en la persona de Mariano Rajoy y en la preparación de las elecciones de marzo de 2004, el análisis de la cuestión de la nacionalidad de los sefarditas, como tantos otros, se pospuso para después de las elecciones generales. Esas elecciones, que parecían pan comido para mis compañeros de partido que ya hacían cábalas sobre el incierto futuro de ZP -¡vaya ocurrencia lo de ZP, decían!- supusieron una derrota sin paliativos que condujo al PP, desde la cima de la mayoría absoluta en el año 2000 hasta la sima del fracaso electoral del año 2004. Las causas de esa derrota son de sobra conocidas y, desde luego, no es el objetivo de esta conferencia.

 

Unos meses antes de las elecciones de marzo de 2004, el PP y el PSOE habían firmado, en materia de Justicia, un acuerdo de Estado cuyos actores principales fueron el ministro de Justicia de entonces, José María Michavila y los portavoces de los dos grandes partidos nacionales en esa materia, Juan Fernando López Aguilar, por el PSOE, y Andrés Ollero por el PP. Creo que fueron unos buenos acuerdos, quizá algo escasos, que todavía perviven y que han posibilitado que la justicia no acabase de naufragar del todo. Entonces, yo escribía semanalmente en ABC, como lo sigo haciendo ahora, tuve ocasión de comenzar un trato franco y leal con el ministro López Aguilar quien me pareció un joven diputado, inteligente, culto y preparado. Había trabajado en política con otro diputado también canario, con el que yo había coincidido en la VI Legislatura, que había sido ministro de Administraciones Públicas con Felipe González, Jerónimo Saavedra, con el que siempre mantuve una buena relación.

 

Yo pensaba: “Si los míos no me han hecho demasiado caso, ¿qué va a pasar con estos?” Al formarse el nuevo Gobierno socialista la cartera de Justicia recayó en Juan Fernando López Aguilar. “Bueno –pensé- por plantear el tema no se pierde nada”. Y así fue como, aproximadamente en mayo de 2004, solicité una entrevista con el ministro, que me recibió a las dos semanas y con el que tuve una larga conversación sobre los más diversos asuntos. Le suscité la posibilidad de otorgar la nacionalidad española a judíos sefarditas por carta de naturaleza, considerando que en ellos se daban circunstancias verdaderamente excepcionales y que, como ya había afirmado el Rey en 1992, no es que debiesen sentirse “como” en su casa, sino que España era “su” casa. Le dejé toda la documentación que llevaba dos años preparando, ayudado por abogados sefarditas turcos y franceses, así como algunos datos que me había dado el Gran Rabino de Estambul Isaac Haleva o, mejor dicho, Rabino Principal de la República de Turquía. A los pocos días me llamó el ministro de Justicia por teléfono y me dijo que el gobierno socialista era receptivo ante este tema y que, además, contaba con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Me dijo que me pusiese en contacto con la directora general de los Registros y del Notariado, recientemente nombrada, Pilar Blanco Morales quien me atendería “como se merecía un abogado que, además, había representado la soberanía nacional”.

 

Con la Directora General, Pilar Blanco Morales, la sintonía y comprensión del problema fue inmediata. Catedrática de Derecho Internacional Privado, discípula del profesor Carrillo Salcedo, conocedora de la política internacional y políglota, a Pilar Blanco no hubo que explicarle muchos detalles pues conocía hasta los más mínimos detalles, la historia de la nacionalización, en el siglo XX, en distintas épocas, de los judíos sefarditas. Se consultó con la abogacía del Estado y con diversos estamentos de la política exterior y me hicieron algunas indicaciones de cómo confeccionar los primeros expedientes. Se me dijo –tanto el ministro como la directora general- que nada podían garantizar ya que la decisión dependía, nada menos, que de la deliberación del Consejo de Ministros; y que como se trataba de un tema “sensible”, en el Consejo de Ministros, aunque el Presidente y la Vicepresidenta consideraban esta cuestión como un asunto de Estado, podía pasar cualquier cosa. Efectivamente, de mi época de diputado sabía por los proyectos de ley en los que había participado, que las decisiones del Consejo de Ministros, que son secretas y cuyo secreto hasta la fecha han respetado casi todos los ministros, pueden torcerse o enderezarse en el último minuto.

 

El día 21 de diciembre de 2004 presenté en el Registro de la Dirección General de los Registros y del Notariado la documentación correspondiente a la petición de la nacionalidad española por carta de naturaleza de 22 ciudadanos sefarditas residentes en Estambul. Acompañaba, esencialmente, los siguientes documentos:

 

-Acta de nacimiento

-Pasaporte.

-Libro de Familia.

-Ketubá, en el caso de matrimonio religioso.

-Certíficado de las autoridades rabínicas.

 

La tramitación se prolongó a lo largo de más de un año ya que se necesitaban informes sobre los interesados de diversa naturaleza. Alegué, para apoyar la concesión, esencialmente, que habían mantenido la lengua española –el ladino o judeo-español- a lo largo de más de quinientos años, habían permanecido fieles a las tradiciones del siglo XV hasta nuestros días y, sobre todo, que era la única comunidad hispana que nunca quiso, ni después de tantos siglos de exilio, dejar de serlo.

 

En suma, trataba de demostrar, creo que con fundamento, que las circunstancias excepcionales que se daban en los judíos sefarditas, que nunca quisieron dejar de ser españoles, no se daba en ningún otro colectivo. El día 3 de febrero de 2006 el Consejo de Ministros, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, acordó la concesión de la nacionalidad española, reparando una injusticia histórica, a esos 22 ciudadanos, abriendo la puerta a nuevas concesiones de similares características. Fue un hito que tengo como uno de los éxitos profesionales más logrados de mi ya dilatada vida profesional.

 

A partir de entonces más de cuatrocientos ciudadanos sefarditas de Turquía, Venezuela y otros lugares, que han podido demostrar que procedían de aquellos viejos antepasados nuestros que fueron cruelmente expulsados de sus casas, han ido recuperando la nacionalidad española por esta vía, y la siguen recuperando. Hay, pues, que agradecer a los ex ministros socialistas Juan Fernando López Aguilar y a Mariano Fernández Bermejo –por cierto, ambos habían trabajado con Enrique Mújica- y ahora al actual ministro Francisco Caamaño, al gobierno socialista, en suma, el esfuerzo memorable que está realizando por normalizar la situación de estos antiguos españoles. Todo ello, a través de un proceso enormemente respetuoso hacia los países de origen que, como Turquía o Venezuela, les ofreció a estos españoles el acogimiento y la hospitalidad que en España se les había negado.  Pero no siempre. En diversas épocas de nuestra reciente historia, España ha sido sensible al otorgamiento de la nacionalidad a los ciudadanos sefarditas habitantes en otras naciones. Pero no ha sido una historia fácil ya que el antijudaísmo o su versión moderna, el antisemitismo, eran sentimientos muy arraigados social y religiosamente en España. Veamos.

 

-II-

 

Ahora parece todo muy normal y como si esta situación, no de tolerancia sino, incluso, de hermandad, la hubiésemos vivido siempre. Pero no ha sido así y hay algunos datos que conviene no olvidar.

 

El Tribunal del Santo Oficio, vulgarmente conocido como “La Inquisición”, no fue abolido en España hasta las Cortes de 1812 y, aún así, tras el retorno de Fernando VII una de sus primeras medidas fue su restablecimiento en 1814. Como consecuencia de ello, el 16 de julio de 1816 se publicó un decreto sobre los judíos por el que se prohibía pisar tierra española, sin expreso permiso del Rey y sin previo aviso del fiscal de la Inquisición, a ningún hebreo cualesquiera que fuesen su origen o procedencia.

 

El Tribunal de la Inquisición, una triste reliquia en la Europa ilustrada del siglo XIX, sufrió los avatares de la propia historia política y constitucional de España: Volvió a abolirse durante el trienio liberal y a restablecerse, nuevamente, durante la década ominosa.

 

Fue la Reina María Cristina la que, ya viuda y Regente, decretó la definitiva abolición de la Inquisición el 15 de junio de 1834. Durante estos años del siglo XIX algunos intelectuales se ocuparon de los judíos españoles o sefarditas. Es el caso de Adolfo de Castro, que publicó una pequeña historia en 1847 sobre los judíos españoles o el de Amador de los Ríos que, en 1848, publica su monumental “Historia de los judíos en España y Portugal”, advirtiendo, en cualquier caso, que él no era judío. Esta meritoria obra, escrita en un lenguaje que hoy a veces resulta casi ilegible, se reeditó en 1984.

 

Pero fue con la Gloriosa, después de la Revolución de 1868, cuando los políticos, tanto liberales como conservadores, se aproximan a la realidad judía estrechando lazos de amistad con el mundo judío que, a través de los negocios, se aproxima a la Península. Es el caso de Prim o del obispo de Segovia, que estrechan lazos con algunos judíos de Bayona. En 1868, tras la caída de Isabel II, el general Serrano respondió al Consistorio israelita de la Gironda y los Bajos Pirineos que “puesto que la gloriosa había proclamado la libertad de cultos, los judíos podían disfrutar de ella como cualquier otra minoría o comunidad”. Esta declaración supuso un punto de inflexión en la pendiente antijudía que España había tomado a lo largo de más de cuatrocientos años. Europa, por otro lado, caminaba ya desde hacía mucho tiempo por otros derroteros.

 

Para seguir la historia de los judíos en España en el siglo XX, además de múltiples estudios como los que ha pilotado el presidente de la Federación de Comunidades israelitas Jacobo Israel Garzón, hay dos obras de consulta que me parecen esenciales, pues analizan los diferentes hitos jurídicos y políticos por los que ha atravesado nuestra historia contemporánea en relación con este tema: “Retorno a Sepharad. La política de España hacia sus judíos en el siglo XX”, Riopiedras, 1993 del profesor José Antonio Lisbona; y la obra de Antonio Marquina y Gloria Inés Ospina, “España y los judíos en el siglo XX”, Espasa Calpe, 1987. Son obras muy bien documentadas, cuyos autores han tenido acceso a fuentes originales y cuyos estudios desmontan algunos mitos bastante arraigados como ese del compromiso de la Dictadura franquista por salvaguardar la integridad de los judíos españoles esparcidos por el mundo durante la II Guerra Mundial. De ello me ocupare, si bien con las limitaciones de una conferencia, más adelante.

 

Es a principios del siglo XX, con la Restauración ya instalada y desde la mayoría de edad de Alfonso XIII, cuando comienza a hacerse patente en España un movimiento filo judío que, puede decirse, encabeza el doctor Pulido. Ángel Pulido, médico, que fue Senador del Reino, impresionado por los sefarditas que había conocido y tratado en sus viajes por el Danubio, entre Viena y Budapest, publicó, esencialmente, dos obras –“Los judíos españoles y el idioma castellano” (1904) y “Los españoles sin patria y la raza sefardí” (1905)- que dieron un vuelco importante en la comprensión de la realidad judía española. A ese movimiento se apuntaron intelectuales, escritores y políticos como Galdós, Maura, Ramón y Cajal, Unamuno, Emilia Pardo Bazán, Juan Valera, Julio Camba, José de Echegaray, Romanones, Alcalá-Zamora, Menéndez-Pidal, de la Cierva, Lerroux, Azcárete o Azaña. No está mal la colección de nombres.

 

Fue en tiempos de Romanones cuando se crea en la Universidad Central de Madrid una cátedra de lengua y literatura hebrea, que se otorga a Abraham Shalom Yahuda, que domina el castellano y ha impartido clases durante diez años en Berlín.

 

Recordemos que entonces, las comunidades judías instaladas en España, en Madrid o Barcelona, por ejemplo, no pasaban de las quince familias. Fue en esos años del principio de siglo cuando se instalan en España algunas familias judías, principalmente provenientes de Francia, Turquía, Rusia o del Imperio Austro-Húngaro. Ignacio Bauer y Landauer, banquero francés de nacionalidad española, tiene un gran relieve social en Madrid, y sus salones son frecuentados por escritores como Valle Inclán, Menéndez Pelayo o D´Ors y es amigo personal del Rey Alfonso XIII.

 

El Real Decreto del Directorio Militar del general Primo de Rivera de 20 de diciembre de 1924 otorga la ciudadanía española a los “antiguos protegidos españoles o descendientes de estos, y en general a individuos pertenecientes a familias de origen español que en alguna ocasión han sido inscritos en los Registros españoles”. El plazo finalizaba el 31 de diciembre de 1930, seis años después de publicado el Real Decreto. Cargada de buena voluntad, en cualquier caso, los efectos de esa medida legislativa fueron muy modestos. Se pensaba que se naturalizarían como españoles personas que iban a realizar grandes inversiones y que la medida serviría para revitalizar la economía que, debido a la paz social, gozaba entonces de buena salud. Recordemos que el plan de comunicaciones que enlazó prácticamente a todas las provincias españolas de forma radial procede de entonces. Es este el sentido del informe que redacta José María Doussinague bajo el rótulo de“Sefarditismo económico”, que publica en 1930 a su regreso de un viaje a los Balcanes. Pero España era todavía un país muy pobre y que ofrecía poquísimas oportunidades que pudiesen atraer capitales extranjeros.

 

La instauración de la II República, que proclamó la libertad de cultos y cuyos máximos representantes se habían proclamado amigos de los judíos, gozó con el soporte y aliento de todas las comunidades judías del mundo. De esta época es el Decreto del Ministerio de Justicia, por medio del cual y según su artículo 4º, se acorta el plazo de residencia para adquirir la nacionalidad española a los judíos sefardíes, equiparándolos a hispano americanos, portugueses o naturales de la zona marroquí sometidas al protectorado español, a dos años. Aprobada la Constitución republicana, en cuyos artículos 26 y 27 equiparaba a todas las confesiones religiosas, incluida la judía, se celebra el 9 de junio de 1931 el primer matrimonio judío autorizado oficialmente. Es en esta época, también, cuando se comisiona a Agustín de Foxá, luego eminente personalidad de la primera época del franquismo y notable escritor –“Madrid de Corte a checa”, por ejemplo- para recorrer los Balcanes con el fine de recuperar el pasado cultural sefardí.

 

Pero pese a los esfuerzos republicanos y, muy especialmente, los de Fernando de los Ríos, Ministro de Justicia, no se dictaron medidas concretas para la adquisición de la nacionalidad española, aunque sí es cierto que se facilitó la entrada en nuestro territorio de algunas familias que no habían podido instalarse en Palestina. La República, en líneas generales, mantuvo una posición francamente positiva hacia los judíos y a su instalación en España, aunque muy probablemente por las mismas razones que lo que ocurrió durante la Dictadura de Primo de Rivera, los efectos fueron muy escasos.

 

En 1933 se crea el Comité español de ayuda a las víctimas del nazismo alemán que preside Jiménez de Asúa y del que forman parte Osorio y Gallardo, Américo Castro, Martínez Barrio y Sánchez Albornoz. Durante este periodo hubo un intento de llevar a cabo una política sefardí, mediante la Orden Circular de 27 de febrero de 1933 cuyo objetivo era desarrollar el artículo 23 de la Constitución de la República. El antecedente de esta Orden era, sin duda, el real Decreto de 20 de diciembre de 1924, Decreto que ha quedado ya como punto de referencia en el camino de normalización de la política de retorno.

 

La política sefardí se pensaba orientar, como ha escrito el profesor Marquina hacia tres objetivos:

 

1-     De orden jurídico: la concesión de la nacionalidad española.

2-     De orden económico: la expansión del comercio español y la creación de Cámaras de Comercio. Y,

3-     De orden cultural: la enseñanza del idioma castellano que los sefarditas, en su modalidad del judeo español o ladino, habían conservado durante más de cuatrocientos años de exilio.

 

La Guerra Civil supuso una fractura en la sociedad española, fractura que ni siquiera ahora parece cicatrizada, y que alcanzó también a las familias y comunidades judías. Las organizaciones judías mundiales vieron con buenos ojos la lucha que sostenía la República en contra de unos militares alzados que abrazaron, en seguida, los principios del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán. En líneas generales puede decirse que, a excepción de unas pocas familias judías adineradas del Norte de África, que apoyaron el Alzamiento y sostuvieron económicamente a Franco, una gran parte de los judíos españoles permanecieron leales a la República. Los nombres de Margarita Nelken, Max Aub o Máximo José Kahan son de sobra conocidos y su actuación en esos años y durante el largo exilio que tuvieron que vivir, por su condición republicana ha comenzado ahora a conocerse. Me remito –y recomiendo- al estudio de Jacobo Israel Garzón, “El exilio republicano español y los judíos”, publicado este año por Hebraica ediciones y la Casa Sefarad-Israel.

 

Pero todavía no está escrita la historia de lo que ocurrió esos años. Hay estudios parciales y algunos documentos, en ocasiones contradictorios, que intentan ilustrar cuál fue la actitud del franquismo y de la larga Dictadura durante esos cruciales años en que la Alemania nazi, con el concurso de los países europeos como Francia e Italia y el silencio de las grandes potencias, se intentó exterminar de forma científica y sistemática al pueblo judío. No me atrevo a ofrecer, todavía, un juicio definitivo sobre la actitud del franquismo. Hubo actos individuales, de funcionarios y diplomáticos valerosos, que contaron con el apoyo de las autoridades, y que sirvieron para salvar muchas vidas. Pero está claro que se pudo haber hecho mucho más de lo que se hizo.

 

La España de Franco, y más en esos años iniciales, era profundamente antijudía, tanto por motivos religiosos como políticos. Y no fue hasta el papado de Juan XXIII cuando comienza a cambiar seriamente la percepción que se tiene en España hacia los judíos. En los años de la contienda y en los inmediatamente posteriores, hasta la derrota del Eje, en España se respiraba un ambiente antijudío evidente, aunque no se dictasen leyes raciales específicas, entre otras razones, porque aquí apenas había judíos. Y también es cierto que no se facilitó, en líneas generales, la labor que en algunos momentos intentó desarrollar la GESTAPO para “inventariar” a las familias judías.

 

Por otro lado, libros como los “Protocolos de los Sabios de Sión”, fueron ampliamente difundidos durante esos años. Ahora sabemos que para personas como el almirante Carrero, constituía un texto fiable y riguroso. Ese era el ambiente que se respiró en España durante muchos años y cuyo tufillo ha permanecido en muchas vestiduras y uniformes. Incluso Franco, que siempre mantuvo una mayor ambigüedad sobre la cuestión de los judíos españoles, pues no en vano estaba agradecido a sus amigos judíos de Xauén que le habían ayudado en las horas cruciales de la rebelión militar, llegó a afirmar el 19 de mayo de 1939, en el Día de la Victoria lo siguiente: “No nos hagamos ilusiones; el espíritu judaico que sabe tanto de pactos con la revolución antiespañola no se extirpa en un día y aletea en el fondo de muchas conciencias”. Eso lo dijo Franco que conocía a la perfección su ascendencia judía tanto por línea materna como paterna. Mola, Yagüe o Queipo de Llano tuvieron actitudes mucho más beligerantes.

 

La Iglesia Católica tuvo gestos valerosos, como el de los obispos de Burgos y Calahorra que se mostraron contrarios a la ideología nazi y a su filosofía racista. Y también el arzobispo de Toledo, Plá y Daniel, y el obispo de Madrid, le intentaron hacer ver a Franco lo inoportuno que resultaban los excesos verbales de influencia nazi que se hacían con el beneplácito de la mayoría de la clase política del nuevo Régimen. En realidad casi toda la España de Franco era germanófila, a excepción de algunas contadísimas excepciones.

 

Hay un dato interesante y que creo podría servir para una futura investigación. Probablemente esa actitud del arzobispo de Toledo estaba influenciada por la de su sobrino, el primer alcalde de Barcelona después de la Victoria, Miguel Mateu y Plá, que era amigo personal de León Blum, que era judío y uno de los políticos franceses más importantes de las III y IV repúblicas, y compañero de Mateu en empresas industriales como la Hispano Suiza. Resulta curioso, por otro lado, que fue precisamente en Barcelona donde se instaló la Joint que, con sus aciertos y errores, sirvió para facilitar el tránsito por España de tantos judíos que huían del exterminio nazi.

 

Pero frente a esos gestos de valor e independencia, la Iglesia, que había sido masacrada durante la Guerra Civil, mantuvo una actitud genuflexa frente al fascismo; y el cardenal Gomá, junto con otros obispos a los que se les retrató con el brazo en alto, declaraba en noviembre de 1936: “Judíos y masones envenenaron el alma nacional con doctrinas absurdas, con cuentos tártaros convertidos en sistema político y social en las sociedades tenebrosas manejadas por el internacionalismo semita”. Ese era el ambiente religioso de gran parte de la sociedad española.

 

Coincido con el juicio que establece el profesor Marquina cuando afirma que “existieron casos de diplomáticos españoles que trataron de actuar de forma humanitaria: Romero Radigales, Federico Oliván, Sanz Briz, Rojas, Palencia, o Bernardo Rolland. Pero sus posibilidades quedaron lastradas por las directrices de Madrid. No pocos autores han atribuido a Franco un papel especial en la supuesta salvación de miles de judíos”. Y concluye: “Con respecto a los judíos, España no introdujo leyes antisemitas, ni siquiera en Tánger. Tampoco existían en los territorios españoles, salvo en el protectorado marroquí, comunidades judías de importancia. Pero la política española fue claramente obstruccionista con respecto al tránsito de judíos por España”. Quizás es una opinión excesivamente radical a la vista de los documentos y testimonios que van apareciendo, pero esto deberá ser objeto de investigaciones que, aprovechando la ola de la Memoria Histórica, deberían propiciarse.

 

También otro autor, Lisbona, llega a la siguiente conclusión: “Esta actitud del Gobierno de Franco prueba su relativa buena voluntad en la acogida de sus nacionales sefarditas. Por otra parte, no se puede ocultar en este asunto la responsabilidad de la principal organización humanitaria judía norteamericana que actúa en España: el American Joint Distribution Comittee y en su nombre la American Relief Organizations. Ambas también son culpables por su propia ineficacia en facilitar un tránsito rápido a los grupos repatriados en suelo español, como exigía el Gobierno de Franco”. Entre ambas opiniones –la de Marquina y la de Lisbona- y si me decido a terminar la investigación iniciada, podríamos, con toda probabilidad, llegar a conclusiones más fiables.

 

Terminada la II Guerra Mundial y promulgado el Fuero de los Españoles el 17 de julio de 1945, comenzó una era de cierta tolerancia hacia los judíos, marcada, sin duda, por la influencia internacional, especialmente norteamericana y, en el orden religioso, por la influencia del cardenal primado de España, Plá y Daniel, quien manifestó públicamente que tanto judíos como protestantes eran libres de ejercer su culto en privado.

 

Durante los años del franquismo, y después de la creación del Estado de Israel en 1947, el gobierno español intenta aproximarse, con muy poco éxito, al nuevo estado de Israel. No en vano se veía al franquismo como el aliado del nazismo que en realidad había sido. El 29 de diciembre de 1948 se publica un Decreto-Ley por el que se reconoce la condición de súbditos españoles en el extranjero a las familias sefarditas incluidas en el canje de notas con Grecia y Egipto. El Decreto-Ley se intentó presentar como un gesto de generosidad de España hacia los judíos.

 

A partir de los años cincuenta, y mientras se iba normalizando la situación política de España en el exterior, también fueron normalizándose y creciendo las comunidades judías españolas, e incluso el Jefe del Estado recibió en audiencia a François Baruch en su calidad de Presidente de la Comunidad Israelita de Madrid. Fue importante, también los movimientos del año 1956 impulsados, entre otros, por un jovencísimo Max Mazín, ante la nacionalización del Canal de Suez, para proteger a la sefardíes residentes en Egipto. También, durante y después de la guerra de los Seis Días hubo muchos judíos sefardíes, residentes en Marruecos, que vinieron y se instalaron en nuestro país donde encontraron facilidades para ello.

 

Pero la “normalización”, por denominarlo de alguna manera, no llegará hasta la celebración del Concilio Vaticano II y el pontificado de Juan XXIII, cuando se quitan de la simbología cristiana todos los aspectos antijudíos. En España se produjo en esos años, además, un hecho extraordinario que llamó la atención de la prensa internacional por lo insólito y audaz. La Comunidad Israelita de Madrid celebró en la sinagoga un servicio fúnebre por el alma de Juan XXIII y Max Mazín se refirió elogiosamente al Papa que había colocado a los judíos en el puesto de hermanos mayores, “de fuente de inspiración y punto de partida del cristianismo”. Es el lenguaje que luego constituiría una de las divisas del pontificado de Juan Pablo II.

 

Promulgada la Constitución, el 27 de abril de 1982 el Congreso de los Diputados aprueba la nueva modificación del Código Civil, cuyo artículo 22 equipara los sefardíes a los iberoamericanos, andorranos, filipinos, ecuatoguineanos o portugueses, para adquirir la nacionalidad española con el plazo reducido de residencia de dos años.

 

El 17 de enero de 1986 se establecen, por fin, relaciones diplomáticas entre España e Israel, mediante un Canje de Notas entre el secretario general de Política Exterior, Máximo Cajal, y el director general adjunto del Ministerios de Negocios Extranjeros de Israel, Yeshayahu Anug. El primer embajador de Israel, Samuel Hadas, realizó una gran labor en España y, con el nombramiento de su sucesor, Sholomo Ben Ami, hispanista, profesor de historia, al que la intelectualidad española veía como uno de los suyos, además de sefardí, las relaciones adquirieron un carácter de franca amistad entre las dos naciones, amistad que ha perdurado desde entonces.

 

Pero el problema de la nacionalidad española de aquellos judíos sefardíes desperdigados por el mundo pero concentrados en  algunas comunidades, en Turquía por ejemplo, tras el exterminio entre otras de las comunidades sefarditas de Grecia, y que habían mantenido sus tradiciones y su lengua a lo largo de más de quinientos años, permanecía pendiente.

 

 

-III-

 

 

La nacionalidad, según el principio general acuñado por Batiffol y Legarde en su clásico Droit Internacional Privé, consistiría en la pertenencia jurídica de una persona o individuo al conjunto de la población que forma el Estado. Es, pues, evidente el origen esencialmente político del concepto aunque por ser un elemento del estado civil de la persona pertenezca a la esfera, como lo contemplan los códigos civiles de nuestro entorno, del Derecho privado.

 

En algunas legislaciones se considera que, “jus originis nemo mutare potest”, y algo de esto han debido de sentir los judíos sefardíes que, a lo largo de los siglos, y en los más variados lugares del mundo, se han aferrado a su españolidad. Desde la Revolución Francesa, lo cual se recoge modernamente en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la nacionalidad deja de constituir un deber, para considerarse un derecho. Y es a ese derecho al que se vienen acogiendo algunos judíos sefardíes, principalmente de las comunidades de Turquía y de Venezuela, para recuperar la nacionalidad española sin necesidad de residencia por la vía de la Carta de Naturaleza a la que nos vamos a referir a continuación y para finalizar esta disertación.

 

Veamos alguno de los orígenes de la denominada nacionalización por la vía de la “Carta de naturaleza”. Faltaba un último paso para asegurar la independencia y libertad completa de la nación francesa, era preciso suprimir la soberanía del Rey en beneficio de la Nación y proclamar la soberanía nacional. Esta soberanía de la nación fue consagrada durante los primeros años de la Revolución. El decreto de 4 de agosto de 1789 (art.19) suprimió las provincias y países y las sustituyó por las comunas, distritos y departamentos.

 

La pertenencia, pues, fue, a partir de entonces, la base de la distinción entre ciudadanos y extranjeros, ya que permitía determinar a qué soberano dependía cada individuo. En el siglo XVI ha terminado la evolución conceptual y se considera extranjero al “aubain” con relación al reino y ya no con relación al señor. Jean Bodin, en el siglo XV, afirmaba : “C´est la recognoissance et obéissance du franc subject envers son Prince souverain, et la tuition, justice et défense du Prince envers le subject qui fait le citoyen, qui est la différence esentielle du bourgeois à l´étranger».

 

Por lo tanto, ya se vislumbran varios modos de adquirir la nacionalidad:

 

-         Pertenencia natural (ligentia naturalis), por un lado.

-         Pertenencia adquirida (ligentia acquisita), con posterioridad al nacimiento, por otro. (Lo más parecido a la Carta de Naturaleza)

-         Pertenencia local (ligentia localis), que beneficia al extranjero de un pueblo amigo a su paso por Inglaterra, durante su estancia en el reino (una especie de visado).

-         Pertenencia legal (legal legeance), que es el juramento suplementario que se exige en determinados casos para mayor seguridad.

 

Frente a la doctrina inglesa -idea de pertenencia personal, efectiva y perpetua- se afianza en nuestro país la doctrina francesa: política, teórica y temporal, las “lettres de naturalité”, como forma de adquisición de la nacionalidad. Esta ciudadanía de hecho, de apariencia sentimental, esconde en muchas ocasiones un sólido interés particular. En 1700, el Rey de Francia concede a quien luego fue Felipe V, Rey de España, unas cartas que le facultan a conservar su derecho de sucesión sobre la Corona de Francia. Estas Cartas estuvieron motivadas por la fidelidad de los sentimientos de Felipe V y por su lealtad. La finalidad política era, pues, evidente.

 

En nuestra actual legislación, la nacionalidad, entre otras formas de adquisición, puede obtenerse, de forma discrecional, por Carta de Naturaleza. Se otorga mediante Real Decreto cuando en el interesado concurren circunstancias excepcionales. Como hemos visto esta forma de adquirir la nacionalidad tiene una gran tradición en el derecho español, que lo toma del francés, aunque debe sintonizarse con los presupuestos constitucionales de igualdad, control de la Administración, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y seguridad jurídica.

 

Por otro lado, este tipo de otorgamiento de nacionalidad está sujeto a determinadas condiciones:

 

1º Se otorga de forma individual, por medio de Real Decreto y si en el peticionario concurren circunstancias excepcionales. No puede otorgarse a “colectividades de individuos”, no puede utilizarse por los herederos del sujeto en cuestión y no puede emplearse para recuperar la nacionalidad española, según resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

 

2º La concurrencia en el sujeto de circunstancias excepcionales ha sido interpretado de diversos modos. Por ejemplo, haber formado parte de las Brigadas Internacionales, haber sido víctima o familiar de un atentado terrorista, ser el sujeto importante para el desarrollo de la cultura o el deporte español; y, por último, en el caso que nos ocupa, la pertenencia a una comunidad española, la sefardí, con lazos culturales inquebrantables después de mas de quinientos años.

 

No voy a explayarme, para no cansarles, sobre las circunstancias y detalles jurídicos de la tramitación de estas nacionalidades. Gracias a ellas, apellidos tan españoles como Benbanaste, Abarbanel, Soriano, Rojo, Fresco, Franco, Peres, Saporta o Curiel, por ejemplo, han podido, nuevamente, llevar el sello de la patria que los expulsó hace cinco siglos. Como escribió el jurista Weiss: “La nationalité est le lien qui rattache à l´Etat chacun de ses membres ». No se si es muy aventurado afirmar que la situación que sufrieron los judíos en España tiene alguna similitud a la que padecieron los indios americanos en sus propios territorios en donde habían vivido desde hacía cientos de años. También las comunidades judías estaban instaladas aquí, algunas como la Iria Flavia, desde antes de Augusto.

 

En nuestros días, cuando nación y nacionalidad son términos que se afilan para separar más que para aglutinar, quizás convenga recordar la afirmación de Michelet: la nación es un plebiscito cotidiano. En la cotidianeidad, los sefardíes han elevado al máximo exponente su voluntad, consciencia y arraigo de hispanidad.

 

Cuando la necesidad de fortalecer los Estados va unida a la  fortaleza de la Sociedad Internacional, los postulados de la globalización y la multiculturalidad, encuentran en la historía de los judíos expulsados de Sepharad, en su conciencia de comunidad y en su capacidad de integración en los países que los acogieron, referentes de altísimo valor. Permítaseme mencionar el bellísimo primer volumen de las memorias de Elías Canetti: La lengua absuelta y recordar que esa lengua no era otra que el ladino.

 

Para encarar los ingentes retos que el mundo de hoy nos plantea necesitamos anclajes seguros y valores firmes. La nacionalidad es, en su acepción de pertenencia, uno de esos anclajes seguros que concebida a la manera de la mejor tradición del constitucionalismo histórico español como un elemento incluyente puede servir para la realización de los valores del ecumenismo democrático. España, en su relación con los sefardíes de la diáspora, apurando las posibilidades de la carta de naturaleza, puede ofrecer al mundo un ejemplo.

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Por favor deje un comentario

  1. marinero en tierra opina:

    Muy, muy interesante, ¿repetirías esta conferencia en otro sitio en sus ideas generales?

  2. JTrias opina:

    Por supuesto que sí, donde se me pidiese.

  3. José Luis opina:

    Magnífica exposición; admirable por su erudición, sensibilidad y el extenso camino andado para compilarla.
    Con personas como usted uno recobra la esperanza en nuestro querido país y en nuestra sociedad.

  4. JTrias opina:

    Muchísimas gracias por el comentario. Es un tema en el que llevo trabajando desde hace muchos años

  5. WALTER opina:

    Yo he leído algunos discursos de Francisco Franco y en ningún momento se refiere despreciativamente hacia los judíos, más bien su discurso se dirige siempre en contra de los rojos o comunistas.

  6. Luis Gaviria opina:

    Magnifica conferencia, mi felicitacion. Seria esto aplicable a los moriscos ? Leyendo las capitulaciones de Santa Fe, firmadas por mandatarios de los reyes catolicos, fue vergonzoso el trato que recibieron. La Palabra ( y la firma) de reyes no sirvio para nada, fue totalmente contradicha por la actuacion del Cardenal Cisneros.

  7. Gabriel albio opina:

    Escribió la siguiente frase:
    “pues no en vano estaba agradecido a sus amigos judíos de Xauén que le habían ayudado en las horas cruciales de la rebelión militar,”
    , gracias al voto de la fuente que la base?
    Yo trato con los Judios de Marruecos, y nunca encontró una fuente para el caso, Franco recibió ayuda de seis Judios/

    Gabriel

  8. Antonio opina:

    Fantástico ´discurso

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