EL TRIBUNAL SUPREMO IMPROPIO

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado una de las resoluciones más insólitas de las ya muy habituales resoluciones insólitas que suele dictar.  Casi nadie cree que el Auto por el que manda que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana prosiga en su investigación por el vestuario de Camps y, como consecuencia de ello, mantenga al presidente autonómico en ese limbo procesal que es la imputación, lo haya dictado por criterios de justicia sino por criterios de oportunidad política.

Me explico. Esos magistrados que habitan en un espacio que no está en el mundo piensan de la siguiente forma: “Nos hemos cargado a Garzón, nos tenemos que cepillar a alguien de la otra acera”. Son magistrados que, salvo raras excepciones, funcionan por aceras.  Y a Camps le han pillado en la equivocada y se lo han llevado por delante.  En esa caminata imputatoria, es muy probable que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya tenido “amigos” de Camps que le han ayudado en su tarea de construir esa teoría del “cohecho impropio” que servirá, también, para perseguir a Bono, el malo, el de los caballos, y tan presidente del Congreso y ex ministro de Defensa como Trillo.

Enrique Gimbernat, catedrático emérito de derecho Penal de la Universidad Complutense ha publicado su fundamentada opinión sobre esta figurita delictiva. “En el delito del artículo 426, que es el que se imputa a los políticos valencianos, se castiga a [l]a autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función a la consecución de un acto no prohibido legalmente, y se le denomina cohecho impropio porque, a diferencia del cohecho propio previsto en los artículos 419 a 422 CP –en los que el sobornado realiza actos ilegales de una mayor o menor gravedad-, el funcionario no comete acto injusto de clase alguna, sino que se limita a aceptar regalos sin contraprestación alguna (de esta primera variante del artículo 426 es de la que aparecen indiciariamente como responsables Camps y sus compañeros de partido) o a admitirlos para realizar, en el ejercicio de su cargo, una acción u omisión conforme a Derecho (“no prohibida legalmente”)”. Este eminente profesor llega a la conclusión de que los particulares que hicieron obsequios a los políticos valencianos no responden, pues, criminalmente por sus actos, a diferencia de los funcionarios.

Claro, después de esto y de esa forma insólita del Tribunal Supremo de inventarse una figura delictiva, comprendo que Rita Barberá, la fornida y valerosa alcaldesa valenciana, a la que según leí un día le habían regalado un bolso de Louis Vuitton, haya afirmado que cualquier político podría ser imputado por esa causa. Y yo añado más: así mismo cualquier magistrado, entre ellos, prácticamente la totalidad de los que componen la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿O no, señores de la gafada Sala?

A José Bono, católico profesional, están a punto de empitonarle los de la Sala Segunda por cohecho impropio, o incluso por el propio, según se mire. Lo suyo, al parecer, no es una minucia de unos cuantos trajes horteras de “Milano”. No. Lo suyo es de varios cientos de miles de Euros -¿o acaso no se puede ser rico?, como dijo su mujer. A Camps ya le ha cogido el toro impropio. ¿Y qué me dicen de José Blanco, al que la cadena Tele Cinco, en el programa “La Noria”, le regaló una espléndida edición de La Divina Comedia por contar lo que le había dicho a su papá en el asunto de las pensiones? Y a los magistrados de la Sala Segunda, ¿quién les paga los cursos a los que asisten? ¿No reciben, acaso, libros de regalo, que algún valor tendrán, digo yo, algunos incluso bellamente encuadernados? En fin, señores, hay construcciones teóricas, como esta del cohecho impropio, que no resiste un análisis de sentido común. Para juzgar si ha habido delito o no, no hacía falta inventarse esa rocambolesca teoría, sólo que se aplicase el sentido común, los magistrados hubiesen salido mejor parados. No digamos la justicia. Que Camps no ha cometido delito alguno, ni propio ni impropio, es algo que salta a la vista. Que por mentiroso debería abandonar la vida pública es algo que, digan lo que digan quienes le apoyan, resulta evidente. Claro que entonces serían legión los políticos, magistrados o funcionarios que tendrían que seguir sus pasos. Pero eso es harina de otro costal.

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  1. Juan Pedro opina:

    Los mentirosos, o intérpretes mendaces, creo que están contemplados como figuras delictivas en el Código Penal.

  2. Enricco Savinyi opina:

    Mentira: Garzón fue imputado mucho después que Camps.
    Sus razonamientos son más que discutibles.

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