ABOGADOS, JUECES Y FISCALES

Cuando era un joven e impertinente abogado -impertinente lo sigo siendo y joven ya sólo de espíritu- aquel viejo y hábil decano de Madrid, Pedrol Rius, que también presidía el Consejo General de la Abogacía, me aconsejaba, “Trias, tenga usted paciencia, no sea tan impetuso con los jueces. Amigo Trias, hágame caso, la abogacía es una profesión tardía, cuesta mucho ganarse la confianza de una persona, y se pierde en un minuto”. Es cierto que las grandes firmas de abogados, imprescindibles en un mundo globalizado, han desnaturalizado esa antigua y tradicional visión de la abogacía, aunque en lo sustancial el ejercicio de la profesión es el mismo de siempre. Uno intenta defender los intereses de su cliente de la mejor manera que sabe y puede. Y al cabo de los años me voy dando cuenta de la mucha razón que tenía ese catalán de Reus, socarrón, empedernido fumador de habanos, y excelente abogado que fue Antonio Pedrol y Rius.

 

Ahora, como diría Baroja, todo se encuentra muy mixtificado y el papel que se asignó durante casi un siglo a cada uno de los actores del drama judicial, o sea el proceso, andan un poco revueltos. Las leyes ya no tienen la certeza de antes. Hoy, el mundo y las reglas que lo gobiernan, es mucho más eléctrico, rápido, nervioso y fugaz, que hace veinte años. Ahora intercambiamos los papeles con demasiada velocidad. Los abogados entran en la judicatura por la puerta de atrás y los jueces se hacen abogados cuando estallan sus biografías por motivos políticos o porque, simple y humanamente, quieren ganar más dinero que ese modesto sueldo que tienen los miembros de la carrera judicial. ¿Y los fiscales? Los fiscales españoles también son modestos, como los jueces, en cuanto al sueldo, pero debe reconocérseles un papel singular, una especie de figura híbrida surgida de su peculiar diseño constitucional, a veces impulsor del procedimiento como promotor de la justicia, otras parte imparcial y defensor de la legalidad y, por si fuera poco, guardianes siempre de la independencia de los Tribunales. Ya tenemos, pues, los tres grandes actores en la escena: abogado, fiscal y juez. Y un cuarto, que es el que se juega, al fin y al cabo, la libertad o los cuartos: el cliente.

 

Hace ya muchos años tuve un enfrentamiento público en estas páginas con todas las asociaciones de jueces, que casi me llevan a los tribunales, por defender a los abogados, especialmente a los del turno de oficio, y quejarme del mal trato que recibían entonces de los jueces en la plaza de Castilla. Bien es cierto que quizás, con el ímpetu que Pedrol trataba de encauzar, cometí el exceso de llamar a Sus Señorías “enemigos de los abogados” y, aunque yo lo decía en sentido figurado, se lo tomaron francamente mal y al pie de la letra. Entonces era diputado de la Junta de Gobierno y Tesorero del Colegio de Abogados de Madrid, lo que añadió a la polémica un plus de morbo, pero todo acabó quedando en nada. Luego, al cabo de los años, asistí a otro espectáculo judicial, pero este sí tuvo consecuencias graves: se logró apartar de la carrera de juez, por el ahora de moda delito de prevaricación, a un hombre honesto que, con acierto o por error, tomó decisiones de envergadura que afectaron gravemente a personas muy principales. Como recuerda la vieja sabiduría, cuando la política entra por la puerta de la justicia, ésta salta hecha añicos por la ventana. Desde entonces, después de muchas dudas de si debía o no colgar la toga, me dije: “Esto, nunca más”.

 

Llevo varios días sin salir de mi asombro ante la denuncia por los delitos de prevaricación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales adscritas al caso Gürtel, dependientes de la fiscalía anticorrupción, Concha Sabadell y Miriam Segura. El asunto, que tiene su miga, de las escuchas telefónicas en las que sale grabada la conversación de un imputado con su abogado, que además y para mayor INRI hasta hace bien poco había sido juez de la Audiencia Nacional, no creo que tenga más recorrido, que no es poco, que el estrictamente jurisdiccional. Querer trasladar esta cuestión a lo delictivo, imputando a un juez o a los fiscales, me parece un exceso. Y así lo ha entendido, creo yo, el Colegio de Abogados de Madrid, cuyo Decano, Hernández Gil, hombre prudente y sabio, ya ha advertido que la actuación de la Corporación sería, en cualquier caso, subsidiaria.

 

Una de las últimas sentencias del Tribunal Supremo que conozco  sobre el muy debatido tema de las escuchas telefónicas en las prisiones es del día 6 de julio pasado. El asunto procedía, también, del Juzgado Central de Instrucción número 5, del que es titular Baltasar Garzón, y el tribunal anuló la eficacia de unas conversaciones telefónicas porque sostuvo que la justificación, como hacía la policía, en “que se tiene conocimiento de un envío de cocaína en grandes cantidades de Colombia a España”, era demasiado general. Para basar el sacrificio de un derecho fundamental como éste, no bastaban, decían los magistrados, las intuiciones, sospechas o pre-juicios. Ese asunto no estaba contaminado por la política, se trataba de narcotraficantes, al fin y al cabo, y a ningún abogado se le ocurrió pensar, ni lejanamente, en imputar por algún delito al juez que había ordenado esa medida de intervención o de acusar a los fiscales que la apoyaron.

 

¿Cuándo y cómo, pues, puede intervenirse un teléfono en España? Nuestras normas son, en esta materia, muy raquíticas y confusas. Se trata, en cualquier caso, de un medio excepcional de investigación en el que se sacrifica un derecho fundamental de la persona por lo que habrá que motivar adecuadamente la resolución; y como casi nadie tiene las ideas muy claras en cuanto al cómo o el cuándo, el Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo se pronunció, de forma restrictiva, el pasado 26 de mayo. Tiene que tratarse de un asunto muy grave ya que, según dice el Tribunal Supremo, frente a otras legislaciones que establecen un catálogo de delitos que pueden investigarse por este medio excepcional, la nuestra no lo señala. Y yo pregunto: la corrupción, ¿no es acaso una de las cuestiones más peligrosas para el correcto funcionamiento de la democracia? Si al final de todo esto resulta que son los jueces y fiscales quienes saltan, hechos pedazos, por la ventana, estaremos ante el fracaso de nuestro sistema judicial y, como consecuencia de ello, del Estado de Derecho.

 

No se si fue acertada o errónea la decisión de intervenir las comunicaciones de la trama Gürtel. Pero me parece sencillamente de cahondeao esta historia de la prevaricación como medio para descuartizar jueces, fiscales o procedimientos, por equivocadas que sean sus decisiones. Abogados, jueces y fiscales, la verdad es que no nos llevamos muy bien, para qué negarlo. Pero el pugilato tiene que desarrollarse en el cuadrilátero del procedimiento. Nunca pensé que tendría que salir a defender la acción de los tribunales de justicia, pero lo hago con gusto, como siempre contra corriente. Si la política sigue infectando la justicia, será inevitable que el virus judicial se apodere, también, de la política. Y contra esta gripe sí que deberíamos vacunarnos.

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  1. Juan Pedro opina:

    No podemos hacer nada cuando los abogados, jueces y fiscales que nos tocan en los procedimientos son ineficaces, salvo tener un temple de acero.

  2. SARA I. opina:

    Estoy de acuerdo en el fondo de su exposición y, si adopto una perspectiva amplia, poco puedo objetar. No obstante, e inevitablemente, ya con la mirada más precisa, me planteo cómo puede, entonces, evitarse la politización de los jueces y, al mismo tiempo, “sancionarles” (lato sensu) a modo de llamada de atención, para que no se produzcan situaciones como la que se describe. Y es que, en el caso de Garzón, el quid de la cuestión no está tanto en este hecho concreto (discutible en cualquier caso y al que yo, de tratarse de un juez de menor repercusión social, le otorgaría a usted toda la razón sin titubeos), cuanto en la acumulación de otros tantos (hechos) de dudosa legitimidad, que lo sitúan en el punto de mira cada vez que interviene. Y con razón, aunque no necesariamente con justicia siempre, por supuesto.
    Lo que no se entiende, en definitiva, es que se rasguen las vestiduras, unos y otros, jueces y políticos, y la sociedad en general, con nimiedades o asuntos de segunda (por la trascendencia escasamente efectiva y positiva que tienen en su aplicación real) y que, sin embargo, nadie ‘ose’ (pues, osado hay que ser en esta establecida connivencia actual para proponerlo sin sentenciar tu propia muerte -social o política-) modificar la ley que evitaría esto y que tan palmariamente permite y legitima la politización de los Tribunales que habrían de ser los mayores garantes de la independencia entre poderes. Vigilante y vigilado son los mismos ojos…

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