¿TRIUNFO DE LA JUSTICIA? ¿FRACASO DE LA POLÍTICA?

Si unos asuntos judiciales de envergadura social y política como el del presidente de la Generalidad valenciana o el del tesorero del PP, funcionan como lo han hecho, me parece un chiste que, una vez encarrilados, pueda decirse que ha sido un triunfo de la justicia. Es probable que si Camps no ocupase el cargo que ocupa o si Bárcenas no fuese el gerente de uno de los grandes partidos, sus respectivos “casos” no hubiesen pasado del portal de la admisión a trámite. Pero cuando se ocupan cargos de responsabilidad, si la suerte del dedo acusador se tiene en contra, y el dedo acusador es de dudosa imparcialidad según el sistema constitucional español, puedes darte por ajusticiado. Si no te condena el juez, lo hará la prensa desafecta.

                                  

En todos los estados de derecho, o sea democracias sometidas al control de la ley, que en el mundo son, separar con nitidez la justicia de la política resulta una tarea poco menos que imposible. Hay jueces que ven en su función un instrumento para dar el salto a la política y políticos que saben utilizar los instrumentos judiciales como herramientas partidistas. Si a eso se le añade que en España el sistema judicial es un calco del que existía en el franquismo al que se le han añadido los elementos necesarios para barnizarlo democráticamente, el engendro es difícilmente masticable. Como ejemplo siempre pongo los de la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal del Orden Público o la figura del fiscal que, además de acusador es defensor de la legalidad, pero cuyo jefe es nombrado por el Gobierno. Quizás no se le pueda negar objetividad pero tiene una apariencia de parcialidad evidente.

 

La Constitución ha sido, y sigue siendo, un instrumento útil para el funcionamiento de nuestras instituciones, pero al partir del franquismo, después de estos treinta años de funcionamiento sí que precisaría algunas correcciones, y no sólo las que afectan a la sucesión a la corona. Una delimitación más nítida entre justicia y política y la configuración del fiscal como defensor de la legalidad e instructor, quizás ayudarían a dar mayor credibilidad a nuestro estado de derecho.    

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