EL DESAMPARO CONSTITUCIONAL

Es una desgracia la situación de degradación institucional en la que se encuentra el máximo intérprete de la legalidad constitucional. Y no me voy a referir al ya manido asunto de la tardanza en emitir su veredicto sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, tardanza que sólo puede deberse a motivos políticos, o a la cuestión de la intolerable incapacidad política de los partidos para renovar a sus miembros, que llevan más de un año en funciones, sino a la desnaturalización y burocratización del recurso de Amparo, que en algún momento de la historia del Tribunal Constitucional fue el cordón umbilical que unía a los ciudadanos con la Constitución.

 

Por algo tan ajeno a la defensa de los derechos fundamentales, el Tribunal se descolgó con esa historia del “interés constitucional”, introducida por la puerta trasera en la última reforma del la Ley Orgánica del TC, e interpretada a través de dos autos que conocen poquísimos letrados. (Siempre he aconsejado mirar con lupa el Boletín Oficial del Estado, pues ahí se publican, más o menos cada dos o tres semanas, las sentencias y autos del Tribunal, y algunas decisiones, como éstos autos, se las traen). Es decir, a partir de hace aproximadamente un par de años, los recursos de amparo se admiten o rechazan no porque se haya producido una violación de un derecho fundamental sino cuando los magistrados deciden que el reclamante –o el quejoso, como le gustaba decir en sus sentencias a mi maestro el profesor Jiménez de Parga- ha demostrado que su asunto tiene “interés constitucional”.

 

La cuestión tiene mucho interés constitucional, desde luego; tanto, que he tenido la ocasión, a través de una persona agraviada, de poder estudiar y meterme a fondo en el problema, y antes de finalizar el mes, pienso plantear el tema ante el Tribunal Europeo de derechos Humanos por violación del artículo 6 del Convenio. Ahora, para acabar de arreglar el desaguisado, acabo de leer que el Tribunal ha dado una nueva vuelta de tuerca a la restricción de los derechos de los ciudadanos y se ha descolgado, nada menos, que con la publicación de una serie de supuestos objetivos que justificarían el pronunciamiento de fondo del Tribunal (ver ABC –www.abc.es- del 13 de julio, página 27).

 

A través de la historia de los pueblos, en muchísimas ocasiones, los grandes cambios legales se han producido por interpretaciones jurisprudenciales de asuntos donde se discutía más el fuero que el huevo. A mi, pues, desde el punto de vista jurídico, me parece aberrante que se diga, por escrito y con publicidad, que el interés constitucional sólo se suscita cuando un asunto trasciende del caso concreto porque se plantea una cuestión jurídica relevante. ¿Acaso no es relevante cualquier violación, grande o pequeña, de los supuestos contemplados en los artículos 14 a 29 de la Constitución? La Constitución de 1978 estableció el amparo constitucional, no el desamparo en el que ahora se encuentran los ciudadanos agraviados.

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  1. Paolo opina:

    Lo triste don Jorge es el descaro con el que se ejecutan estos desmanes, y lo penoso la indiferencia del público. Usted es un hombre de Leyes. Pintan a la Justicia como una doncella cegada por un paño mientras sostiene una balanza y una espada; en España la doncella la tenemos preñada, la balanza no hace justicia a ningún peso y la espada se ha convertido en un garrote; pienso que la sota de bastos merece más respeto.
    Se ha decidido que la Constitución diga lo que sea menester y se ha encontrado a las personas capaces de cobrar dignamente por ser indignos de custodiar tan altas prendas. Es una farsa.

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