LA JUSTICIA UNIVERSAL

Organizado por la Casa Sefarad-Israel, con la inestimable colaboración de la Internacional Association of  Jewish Lawyers and Jurists y la Fundación Garrigues, que prestó su moderna y luminosa sede, tuvo lugar en Madrid  el 16 y 17 de este mes de junio el Primer Encuentro Jurídico en el que participamos académicos, profesores, magistrados fiscales y abogados españoles e israelíes con el fin de promover un mejor conocimiento de nuestros ordenamientos jurídicos y procesales.

 

El Encuentro comenzó a gestarse bastante antes de que la Audiencia Nacional decidiese imputar a un ex ministro israelí y a varios militares por las muertes civiles –ninguna española- producidas por el bombardeo de Gaza. Pero ese procedimiento, como no podía ser de otro modo, planeó sobre todas las intervenciones a lo largo de las apretadas sesiones que se desarrollaron a través de los siguientes paneles: 1º Sistemas legales español e israelí. 2º La jurisdicción universal. 3º Legalidad internacional penal; revisión del derecho humanitario bélico, y 4º Lucha contra el terrorismo y crimen organizado.

 

Para que nos hagamos una idea del nivel del Encuentro, éstas fueron las personalidades que presentaron ponencias o intervenciones, por orden de aparición en escena:

 

-         Antonio Garrigues Walker, abogado y presidente de Garrigues.

-         Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo.

-         Gemma Gallego Sánchez, vocal del Consejo General del Poder Judicial.

-         Carlos Carnicer Díez, presidente del Consejo General de la Abogacía Española.

-         Diego de Ojeda, Director General de Casa Separad-Israel.

-         Alex Hertman, presidente de la Asociación Internacional de Juristas y Abogados Judíos (IAJLJ).

-         Jesús Silva Sánchez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

-         Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

-         George Hunter, abogado español y estadounidense.

-         Irit Kohn, abogada israelí y vicepresidenta de IAJLJ.

-         Michele Hirsch, abogada de Bélgica.

-         Baltasar Garzón Real, magistrado. Titular del Judgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.

-         José Ricardo de Prada, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

-         José Luis Rodríguez-Villasante, director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española.

-         Yuval Saín, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

-         Blas Jesús Imbroda, abogado y decano del Colegio de Abogados de Melilla.

-         Gabriella Blum, profesora de la Harvard Law School.

-         Emilio Ginés Santidrián, representante español ante el Comité europeo para la prevención de la tortura del Consejo de Europa.

-         Pascual Sala Sánchez, magistrado del Tribunal Constitucional.

-         Asa Kasher, profesor de filosofía de la Universidad de Tel Aviv.

-         Javier Zaragoza, fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.

-         Marcos Arnoldo Gravibker, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de Argentina.

-         Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado.

-         Ángel Juanes Peces, presidente de la Audiencia Nacional.

-         Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, abogado de decano del Colegio de Abogados de Madrid.

 

Además, tuvimos ocasión de intervenir varios de los asistentes al seminario. Voy a centrarme, pues, en la debatida cuestión de la denominada “justicia universal” o, mejor dicho, la jurisdicción universal que se atribuyen, por ley, determinados tribunales como es el caso de la Audiencia Nacional. Efectivamente, después de la última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), se introdujo, a mi juicio por vía subrepticia, una ampliación de la competencia de la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:

a)      Genocidio.

b)      Terrorismo.

c)      Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.

d)      Falsificación de moneda extranjera.

e)      Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces.

f)        Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.

g)      Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.

h)      Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.

 

Es decir, se venía, en la práctica, a instituir una especie de jurisdicción universal que, a mi juicio, es de dudosa constitucionalidad ya que puede contravenir varios de los tratados y convenios internacionales firmados por España con otros países. Conociendo, además, la hiperactividad de alguno de nuestros jueces, el augurio de que esa universalización de la jurisdicción penal española iba a servir para enjuiciar las más variopintas causas con evidente intencionalidad política. Este presagio se ha visto ampliamente cumplido.

 

Un sorprendente Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, se atribuyó la competencia, con base a ese apartado h) –una especie de cajón de sastre- del artículo 23.4 de la LOPJ para admitir a trámite una querella interpuesta por unos ciudadanos palestinos, familiares de personas que murieron tras la bomba lanzada en el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza contra el terrorista palestino, miembro fundador de Hamas, Salah Shehadeh, que resultó muerto. Los querellantes esgrimían en su escrito que se trató de un asesinato (sic) pues, como consecuencia de la explosión de esa bomba, murieron otras quince personas, la mayoría de ellos niños y bebés.

 

La totalidad de los participantes en el debate estuvieron de acuerdo en la necesidad de que exista una jurisdicción internacional, o universal, para enjuiciar determinada conductas criminales que, de lo contrario, quedarían impunes. Pero, desde luego, muy pocos defendieron la atribución de competencia universal a la Audiencia Nacional. Estaba presente Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y fiscal de carrera, que defendió esa jurisdicción y la actuación de la Audiencia Nacional en el enjuiciamiento del ex Ministro de Defensa y otras autoridades israelíes. Conviene recordar que Martín Pallín ha escrito algunos artículos sobre el conflicto palestino que bordean el antisemitismo. Otro fiscal, presente en la sala, citó, como cita de autoridad, al profesor Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho penal de la Universidad Complutense y doctor “honoris causa” de la universidad de Munich. Pues bien, este profesor ha metido en el mismo saco, con desconocimiento evidente del derecho procesal de esos países, a los sistemas judiciales de  Israel, China o Rusia; y ha sostenido que los ciudadanos de esos estados, junto a los de Estados Unidos, “se ven protegidos por la matonería y la arrogancia de sus naciones que les ha dejado al margen de responder por los mismos delitos ante el CPI –cuyo Estatuto no han ratificado- y ante sus propios tribunales nacionales, y no quedan ni siquiera expuestos al reproche jurídico y moral de ser encausados por otros tribunales extranjeros, entonces estamos ante una injusticia material que clama al cielo: entonces apaga (el Derecho penal internacional) y vámonos”. (El Mundo, 12 de junio de 2009)

 

Ante la “consistencia” de tales argumentos, que son los que se proporcionan en nuestras aulas a los estudiantes de derecho, creo que es innecesario hacer comentario alguno, aunque ilustran  una generalizada forma de pensar y una concepción del uso del derecho, alternativamente, esgrimiendo unas veces la justicia material y, otras, la formal, según convenga, para enjuiciar o imputar a quienes políticamente nos resultan molestos o, solamente, “antipáticos”.

 

Por el contrario, el director general de Casa Sefarad-Israel, Diego de Ojeda, puso el asunto en su sitio. Ese mismo día publicaba un artículo suyo el diario “El Pais” –“Ni impunidad ni quijotismo”- afirmando lo siguiente: “La legitimidad de que España investigue cualquier posible crimen sobre sus nacionales es clara, incluso si las posibilidades de ejecutar la sentencia en un territorio extranjero son escasas. Menos claro es que, dado que los demás países ya condicionan su competencia a los casos que presentan una conexión nacional, España deba seguir operando como la sede judicial para enjuiciar todos los genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad que se perpetran en el mundo”.

 

Todos los juristas y profesores que estuvimos presentes, en resumen, coincidimos en la necesidad de una justicia internacional, pero la mayoría de los asistentes y ponentes, discrepamos sobre la viabilidad de esta especie de justicia universal introducida en España a través de una discutible reforma legislativa de dudosa constitucionalidad y sin que mediase debate alguno sobre la necesidad de la misma ni sobre las consecuencias que podía traer. La exposición del catedrático Jesús Silva Sánchez fue, en este sentido, magistral.

 

Hay que felicitar a la casa Sefarad-Israel por esta iniciativa que, confiamos, tenga su continuidad en posteriores ediciones.

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