EL GUADIANA DE LA GUERRA DE IRAK

Lo de la guerra de Irak es como el Guadiana, que aparece y desaparece, aunque por más que se empeñen con el asunto, el partido socialista va perdiendo todas las batallas judiciales, la última, el ridículo que ha hecho su grupo parlamentario, con Zapatero y Caldera a la cabeza, que solicitaron sin éxito la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Contra ese rechazo, presentaron un recurso firmado, nada menos, que por Zapatero, Fernández de la Vega, Caldera y otro diputado, a la sazón todos ellos en la ardiente oposición, que ahora no ha sido admitido por el Tribunal Constitucional ya que… ¡no estaban legitimados para presentarlo!

A cualquiera le pueden rechazar un recurso, pero que ni siquiera se entre a estudiarse por haberlo presentado mal, produce tal sensación de ridículo que merece un comentario. El ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional del 27 de abril de este año ha sido el magistrado Pascual Sala.

Los socialistas se olvidaron de lo más elemental: cumplir con las formas indicadas en el artículo 56.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, es decir solicitar la convocatoria de la Diputación Permanente conjuntamente por un número de diputados que sumen, por lo menos, una quinta parte de sus miembros. La facultad de solicitar la convocatoria no está atribuida, pues, a cada uno de los diputados que la integran. Pero Caldera y Zapatero estaban tan ocupados entonces gritando eso de “¡asesinos!” y “¡no a la guerra!”, que se olvidaron del derecho.

El argumento del TC es demoledor y sonroja a cualquiera que lo lea “la facultad de solicitar la convocatoria de la Diputación Permanente no está legalmente atribuida a cada uno de los Diputados que la integran, sino a los que, conjuntamente, sumen una quinta parte de sus miembros. Esta es una previsión legal imposible de pasar por alto y que apunta de modo irremediable a la inadmisión del presente recurso por falta de la imprescindible legitimación ex art. 50.1 a), en relación con lo dispuesto en el art. 46.1 a) LOTC, habida cuenta de que si los cuatro Diputados recurrentes en amparo no son, ni individual ni agrupadamente, titulares de la facultad del art. 56.4 RCD, difícilmente pueden ser considerados personas directamente afectadas en el sentido del citado art. 46.1 a) LOTC por los Acuerdos de la Mesa recurridos en este proceso constitucional y, en consecuencia, legitimados para la defensa de una facultad parlamentaria que en el número de Diputados que han comparecido ante este Tribunal no forma parte de su ius in officium”.

Continúa el Tribunal con sus razonamientos: “Por esta razón, una vez configurada la oportuna agrupación de Diputados, fruto o expresión de la solicitud de convocatoria formulada en su día, la identidad y composición de esa agrupación, al menos hasta el límite que marca el art. 56.4 RCD, debe permanecer inalterada en esos estrictos términos en cuantas incidencias procesales pudieran luego producirse. Lo que significa que, una vez formulada la correspondiente solicitud, la agrupación constituida a tal fin no podrá sufrir ya variaciones personales ni numéricas en su composición, puesto que sólo la actuación conjunta posterior de todos y cada uno de quienes dieron lugar a su constitución puede producir luego válidamente nuevos actos, sea para interesar la reconsideración de la decisión de la Mesa de la Diputación Permanente que acordó su inadmisión, sea, como también es el caso, para acudir en amparo ante este Tribunal Constitucional”.

En el fondo, como luego expone con rotundidad la Sentencia, lo que pretendían los socialistas era obtener, a través de un fraude procesal y constitucional, lo que no habían podido conseguir por la fuerza de sus votos. Efectivamente, “conviene advertir –concluye la resolución- que, de aceptarse la legitimación de los cuatro Diputados recurrentes y, en su consecuencia entrar, este Tribunal, a conocer del fondo del asunto, los ahora demandantes podrían obtener eventualmente por vía de amparo una declaración (la anulación de los Acuerdos de la Mesa de la Diputación Permanente impugnados) que nunca podrían obtener sin embargo en sede parlamentaria, por impedirlo precisamente el citado art. 56.4 RCD”.

José Luis Rodríguez Zapatero, Mª Teresa Fernández de la Vega, Jesús Caldera y el otro diputado, carecían, pues, de legitimación para recurrir en amparo ya que fueron los que promovieron la iniciativa considerada, y ni siquiera, tampoco, las personas directamente afectadas. El varapalo continúa, y la sentencia afirma que “aunque prescindiéramos de la consideración del citado defecto procesal advertido, la presente demanda de amparo no podría tampoco prosperar al carecer manifiestamente del imprescindible contenido constitucional”.

Con gobernantes tan sabios y conocedores del derecho, empiezo a entender muchas de las cosas que ocurren en España, como ese abracadabrante debate iniciado por la ministra Aido en el tema de la vida humana. Pero de eso nos ocuparemos otro día con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la mano.

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