UN CRIMINAL ANUDA SUELTO

La noticia que leímos el otro día sobre ese individuo que pasó 27 años en una prisión de Inglaterra por un delito de violación que ahora se ha demostró que no había cometido, debería remover nuestras acomodaticias conciencias y, sobre todo, lo habituados que estamos a tragarnos la verdad oficial cuando la realidad, a veces, dista mucho de lo que cuentan los periódicos. Los medios de difusión, por lo general, atienden más a la política de ventas que a los principios; y los gobiernos, para seguir gobernando, tienen que tranquilizar a los inquietos ciudadanos. Pero ahora, con ese inapelable método del ADN, pueden revisarse aquellos casos en los que el condenado siempre mantuvo su inocencia, pero que, o bien por una defensa deficiente o porque tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento inoportuno, fue condenado
Creo que España, con todas las deficiencias que se quiera de su sistema penal, tiene un proceso más garantista que el anglosajón. Y, tanto la policía, como el fiscal, el instructor y los jueces, son menos impresionables a la influencia mediática que en la Gran Bretaña o los Estados Unidos. Al menos por lo que se refiere a los casos comunes, que son casi todos. Pero de esto a que soltemos ¨por buena conducta¨ a presos muy peligrosos que suelen reincidir cuando salen de permiso, va un abismo. Yo participé en los años 1977 y 1978, junto a Landelino Lavilla, Juan Antonio Ortega, Jesús Hadas y Carlos García Valdés en la reforma penitenciaria para humanizar nuestro sistema carcelario. Se trataba de, como también se dijo en nuestra Constitución, reinsertar al delincuente en la sociedad y aprovechar el tiempo de condena para educarlo.
Al cabo de los años y con la experiencia acumulada he llegado a algunas conclusiones que resumo. Es mejor que haya un delincuente en la calle que un inocente entre rejas. El delincuente, en la gran mayoría de los casos, es imposible de reinsertar; y algunos de ellos, como los que cometen agresiones sexuales, deberían tener penas lo suficientemente severas para que no puedan volver a reincidir. Me parece, en cambio, muy correcto que el proceso tenga el máximo de garantías. Mientras ese pobre hombre de Inglaterra estuvo 27 años en la cárcel, el verdadero violador andaba suelto por la calles de la ciudad.

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  1. rojobilbao opina:

    EL juez que dictaminó la condena para ese hombre inocente merece ir a la cárcel y así debiera estar establecido por ley. Un error que condena a una hombre a 27 años de cárcel (pudieran haber sido más) no se soluciona ni con un “lo siento” ni con dinero.Lo primero es que los implicados penen, pese a que actuasen con la mejor de su fe. NO JUZGUEIS (mal) Y NO SERIES JUZGADOS.

  2. Alejandro opina:

    De todas maneras esto será un caso muy puntual, desconozco si este mismo caso ha ocurrido alguna vez con un condenado a muerte, ahí no se podría ni pedir perdón lógicamente, tampoco se muy bien adonde quiere llegar el señor Trias con su comentario, lo siento, pero en mi humilde opinión, la cárcel, la privación de la libertad es algo muy duro, extremadamente duro y hay que intentar, por todos los medios, buscar soluciones, proyectos, adaptaciones, comodidades, intentar que el preso se sienta útil de alguna manera en la sociedad y no un marginado mas, que crezca personalmente, en ese ambiente hostil, dispuesto a disfrutar la vida lo más honrosamente posible, PERDONA A QUIEN TE OFENDE Y SERÁS PERDONADO.

  3. JOSE MANUEL PARDEIRO opina:

    ¿Cuántas condenas injustas se habrían evitado si se permitiese a los ciudadanos ejercitar libremente su defensa, sin imponerle la dirección letrada sino respetando simplemente el derecho a la asistencia letrada que “garantiza” nuestra Constitución y el derecho internacional?
    ¿Cuántos jueces y abogados deben responder por entorpecer ese derecho que tenemos todos los ciudadanos?
    Reproduzco una pequeña joya de nuestro Tribunal Constitucional:
    STC 91/2000, DE 30/3/2000

    FJ 13. No obstante, nuestra jurisprudencia (SSTC 37/1988, de 3 de marzo; 181/1994;
    29/1995, de 6 de febrero, y 162/1999, de 27 de septiembre); ha reconocido que el
    derecho a participar en la vista oral y a defenderse por sí mismo forma parte
    del núcleo del derecho de defensa que ha de considerarse esencial desde la
    perspectiva del art. 24 C.E. y, por lo tanto, que constituye el punto de partida
    en la fijación del que hemos denominado «contenido absoluto» de los derechos
    fundamentales que, necesariamente, ha de proyectarse ad extra.
    En el proceso penal, el derecho del acusado a estar presente en la vista oral
    no es únicamente una exigencia del principio de contradicción, sino el
    instrumento que hace posible el ejercicio del derecho de autodefensa para
    contestar a las imputaciones de hechos que, referidas a su propia conducta,
    conforman la pretensión acusatoria. Sólo mediante la presencia física en el acto
    del juicio puede prestarse o negarse la conformidad a la acusación, puede
    convertirse la declaración del acusado en un acto de defensa, puede interrogarse
    a los testigos y ser examinado por éstos, puede coordinarse la defensa que se
    ejerce a través de la asistencia técnica del Letrado, y, en fin, puede ejercerse
    el derecho a la última palabra que, en nuestro ordenamiento, hemos reconocido
    como una manifestación del derecho de autodefensa (STC 181/1994, de 20 de junio). La vista oral no es una simple secuencia del proceso penal, sino el momento
    decisivo en el que con publicidad y plena contradicción se debate acerca de la
    fundamentación de las pretensiones de condena y la fuerza de convicción de las
    pruebas aportadas por la acusación y la defensa.
    El derecho del acusado a estar presente en el acto del juicio oral puede
    inferirse inmediatamente de los arts. 10 y 11 de la Declaración Universal de
    Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, según los cuales «Toda persona
    tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
    justicia por un tribunal independiente e imparcial… … para el examen de
    cualquier acusación contra ella en materia penal» y «a que se presuma su
    inocencia mientras no se prueba su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio
    público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su
    defensa»; y del art. 14, núms. 1 y 3, del Pacto Internacional de Derechos
    Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966, en la medida en que reconoce a
    toda persona el derecho a «ser oída públicamente y con las debidas garantías por
    un tribunal… … en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal
    formulada contra ella», y se establece como garantía mínima de toda persona
    acusada de un delito el derecho «a hallarse presente en el proceso y a
    defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección…», sin
    que sea necesario volver a destacar la importancia que, a tenor del art. 10.2 C.
    E., revisten tales textos a la hora de determinar el contenido absoluto del
    derecho a un proceso justo (art. 24 C.E.).
    Especialmente significativo resulta al respecto el tenor literal del art. 6.3 c) C.E.D.H., en el que se reconoce el derecho «a defenderse por sí mismo o a ser
    asistido por un defensor». Se pone así de manifiesto que el que ha de ejercer el
    derecho de defensa es el acusado: el Letrado se limita a «asistirle»
    técnicamente en el ejercicio de su derecho, habiéndose reiterado, tanto por
    nuestra jurisprudencia (vid. las SSTC antes mencionadas) como por la del
    Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la opción por la asistencia jurídica
    gratuita o por la de un Letrado de elección, no puede entenderse como renuncia o
    impedimento para ejercer la defensa por sí mismo. Ambas son compatibles, de modo
    que la defensa técnica no es, en definitiva, sino un complemento de la
    autodefensa.
    Merecen destacarse, en tal sentido, las SSTEDH de 16 de diciembre de 1999 (
    casos T y V contra Reino Unido). En dichas resoluciones, el Tribunal Europeo
    reafirma de modo inequívoco que el derecho del acusado a defenderse comporta el
    de poder dirigir realmente su defensa, dar instrucciones a sus Abogados,
    interrogar a los testigos y ejercer las demás facultades que le son inherentes.
    En ese contexto han de entenderse las numerosas resoluciones del Tribunal
    Europeo de Derechos Humanos relativas a la importancia capital que ha de darse a
    la presencia del acusado en el marco de un juicio justo (SSTEDH de 12 de febrero
    de 1985 -caso Colozza c. Italia, núm. 27-;de 28 de agosto de 1991 -caso FCB c.
    Italia, núms. 28 a 36-; de 23 de noviembre de 1993 -caso Poitrimol c. Francia,
    núms. 31 y 35-; de 22 de septiembre de 1994 -casos Lala y Pelladoah c. Holanda,
    núms. 27 y 40, respectivamente).
    Ello no comporta, sin embargo, la proscripción constitucional de la condena in
    absentia. En efecto, en determinadas condiciones, atendiendo a intereses que son
    dignos de protección, puede admitirse la condena en ausencia pues la sentencia
    penal condenatoria, con independencia de la efectividad de la pena impuesta,
    produce otros efectos jurídicos plausibles (cierra la vía de prescripción de los
    delitos para abrir la más dilatada de las penas, posibilita la satisfacción de
    los da±os y perjuicios causados por el delito, asegura de forma documentada la
    producción de medios de prueba cuya fiabilidad el tiempo puede perjudicar, y
    puede contribuir a la prevención general y a la restauración del orden jurídico
    perturbado por la infracción); pero, en tales casos, las exigencias más
    elementales del juicio justo pueden llegar a imponer que la efectividad de la
    condena quede supeditada a que exista una posibilidad de impugnación posterior,
    esto es, una vez sea habido el condenado, que resulte suficiente para subsanar
    el déficit de garantías que, en el caso concreto, haya podido ocasionar la falta
    de presencia en la vista.

    Cordialmente
    JOSE MANUEL PARDEIRO

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