LA COCINA DE LA JUSTICIA

“La Cocina de la Justicia, casos típicos y jugosos” es el título de mi última obra que he publicado en la editorial Grupo Difusión (www.libros24h.com). Se trata de un título atípico para un libro atípico. Una obra que nos lleva de la mano por la jurisprudencia que se ha dictado en España en los últimos veinte años, haciendo especial hincapié en sentencias conocidas y polémicas. He tratado de hacer un libro ameno y que pueda llegar a todo el mundo.

Mi obra recoge la labor que he desarrollado como columnista de ABC durante los años ochenta y noventa del siglo pasado y, contrariamente a otros libros jurídicos, más densos y herméticos, he tratado de hacer algo accesible y ameno con vocación divulgativa y desde el sentido del humor. Confío en haberlo conseguido.

“La cocina de la Justicia” pretende acercar los entresijos de la justicia a todos, legos y profesionales, abordando de manera clara y accesible la abundante y variada jurisprudencia de nuestro país. Para ello he tratado de desgranar, comentándolas, sentencias polémicas que abarcan todos los ámbitos del derecho. Les transcribo, como primicia, el primer caso que comento:

CELA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Don Camilo José Cela me entrega – “A Micer Jorge Trías”, título honorífico con el que me honra y agradezco la siguiente nota verbal: “Se trata de tener argumentos legales, con jurisprudencia a ser posible para insultar a un ministro o ex ministro por escrito. No se trata de llamarle hijo de puta, ni cabrón, no maricón, ni ladrón, ni estafador, ni sinvergüenza, ni depredador, sino mucho más modestamente botarate, chisgarabís, piernas, cantamañanas, vivalavirgen, robaperas o cagapoquito. Se agradece la caridad.”

  La caridad con gusto, don Camilo, tampoco pica. En pocas ocasiones se le hace a uno encargo profesional más apetitoso. Según lo que se diga de un ministro o una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, puede constituir un delito de desacato. Es decir, no resulta aconsejable calumniar, injuriar, insultar o amenazar a personas revestidas de autoridad. De eso sabe bastante el periodista José María García, que vio denegado el amparo constitucional que había solicitado contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por emitir expresiones vejatorias contra un diputado de las Cortes de Aragón. Por tanto, don Camilo, creo que si usted insulta a un ministro o ex ministro por hechos derivados de su autoridad cuando era ministro, puede ser perseguido de oficio o a instancia de parte como presunto autor de un delito de desacato. Pero, ¡hombre¡, lo que usted quiere llamar al desafortunado no constituye ningún insulto, sino un crítica severa, a lo sumo. Hoy esas palabras no son consideradas como insultos y si usted espeta cualquiera de esas cosas a un ministro o ex ministro y éste tuviese la osadía de presentarle una querella o una demanda se arriesgaría a que le colgasen un sambenito con la nueva palabra académica: gilipollas.
  Por ello la consulta que me formula hay que plantearla de distinto modo. Los insultos que quiere propinar a un ministro o es ministro no son hoy considerados como tales insultos. Son, como usted dice, “mucho más modestos”, pero también mucho más inteligentemente hirientes e incisivos. Desde que el es vicepresidente del Gobierno, Guerra, levanto la veda llamando chorizos, tahúres de Mississippi y corruptos a los miembros de los Gobiernos de Suárez y Calvo-Sotelo, nadie se atreverá a perseguirle ni de oficio ni a instancia de tamañazas, robaperas o cagapoquito al ministro o ex ministro que le plazca.
  La injuria tiene, por otra parte, larga historia en nuestro derecho y literatura, y de esto usted sabe mucho. Ya en las XII Tablas hay una típica forma de injuria que después tuvo larga tradición: “La canción infamante” y la “Contumelia”, que según Ulpiano deriva del verbo contumnere, despreciar. O, por ejemplo, el “libelo famoso”, mas conocido con el nombre de pasquín en recuerdo de la estatua de Pasquino, en Roma. En el derecho histórico español tiene un gran arraigo esta figura delictiva entre los hombres de letras, pues los más el jurista italiano Francesco Carrara se refería, cuando analizaba este delito, “a la caballeresca nación española”. Ya la encontramos definida en el Fuero Real, así como en el Fuero Juzgo y en el Fuero Real, así como en el Fuero Viejo que integraba dentro de los “denuestos” y “deshonras”, falsas imputaciones de índole moral como “traidor”, “probado”, “carnudo”, “falso” o “gafo”. “Las Partidas” defines la injuria como “deshonra que es fecha o dicha a otro a tuerto o desprecimiento dél” y el libelo llegó incluso a castigarse con la pena capital, pues “el mal que los hombres dicen unos de otros con escritos o por rimas, es pero que aquel que dicen de otro guisa por palabra, porque dura la remembranza de ellas para siempre, si la escritura no se pierde”.
  La Novísima Recopilación añadió leyes como la de Felipe II prohibiendo las “puyas”, y Calos III, que prohibió las senderadas da los viudos o las viudas que celebraban nuevas nupcias. El primer Código Penal de 1848 recogió este delito y lo definió con elegante léxico decimonónico que ha llegado hasta nuestros días como “expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona”.
   La figura de la injuria – que fruto del autoritarismo se singularizó en el desacato si era dirigida a una autoridad- y la literatura van inseparablemente unidad, aunque soy nos quieren colar en el nuevo Código otra figura como es la llamada difamación, copiando la reforma que introdujo el general Primo de Rivera y por la que fueron perseguidos escritores tan ilustres como Unamuno y Valle-Inclán, del que usted, don Camilo, es, sin duda, heredero directo. Lo que quiero decir es que lo que usted pretende llamar a un ministro o ex ministro son dulcísimas  palabras si se comparan con los insultos que a diestra y siniestra propinaba a quien se le ponía por delante don Ramón, por no citar los insultos que dejó escritos el rector de Salamanca en “El romancero del destierro” y en “Cómo se hace una novela”. Y si nos remontamos más atrás todos los escritores del Siglo de Oro o casi todos sufrieron a causa de la libertad de expresión. Don Francisco de Quevedo y Villegas dio con sus huesos en la sombra por el “Memorial” que le dirigió al Rey Felipe IV, o el historiador Cabrera de Córdoba, que se negó a editar la segunda parte de su “Historia de Felipe II” porque se le exigió que corrigiera el tratamiento de los sucesos de 1591 relacionados con la fuga de Antonio Pérez y aceptase la revisión y enmiendas propuestas por Bartolomé Leonardo de Argensola con el fin de contentar a la Diputación de Aragón, ¡y fueron necesarios más de doscientos cincuenta años –concretamente en 1876 –par ver publicada la segunda parte de su obra!.

  Y finalizamos con un poco de jurisprudencia antigua, pues hemos comenzado citando una sentencia muy moderna, “La intención es parte esenciadísima en la constitución de este delito” (sentencia de 26-1-1986), es decir, que “el ánimo de injuriar constituye el dolo especifico propio del delito” (sentencia de 2-1-1907). La jurisprudencia, como todo en la vida, y más en esta materia, es de lo más cambiante, pues he encontrado una sentencia en el “Alcubilla” de 17 de enero de 1902 que afirma que “nos lleva a interpretar las palabras p…., z…. y mala p… dirigidas a la acusadora como desahogos mortificantes constitutivos de injurias livianas”, en línea con una época liberal que llevó a nuestro más alto Tribunal a interpretar con benignidad determinadas expresiones como sinvergüenza, indecente, sin dignidad, cochino, legañoso, alcahuete, maqueto, pillo, tunante, ladronzuelo, bribón, traidor, canalla, morral, tío pelele, tío pelagatos, etcétera (según las circunstancias). ¿Cree usted, don Camilo, que le pueden condenar como autor de un delito de desacato o de injurias di llama cagapoquito, o sea estreñido, a un ministro o ex ministro, que a lo mejor lo es no sólo en el sentido figurado, sino en el real? Yo creo que puede usted dormir tranquilo. En fin, que no resisto la tentación, para acabar esta contestación a su nota verbal, de transcribir la sentencia del Tribunal Supremo  del 19 de abril de 1911 por el altercado ocurrido en un Ayuntamiento cuando un hombre dijo durante un Pleno municipal que se tenía que j… y dar por el c.. a los concejales, declarando la Sala que , “atendidas las circunstancias del caso y la índole especial de los aludidos hechos, despojados de toda explicación, que dentro de su notoria condición delictiva permita formar juicio exacto acerca de la mayor o menor trascendencia que daba atribuírseles, es forzoso aceptar la interpretación más favorable para el inculpado y admitir que le desacato de que se trata ha de reputarse menos grave para los efectos de la responsabilidad, siento en ese sentido de legítima aplicación en párrafo segundo del artículo 267 del Código citado”. Es decir, nada. O casa nada. Que a veces, por le gustazo de decir lo que se piensa, bien vale unos días de sombra. Según el nuevo Código, un fin de semana donde se encontrará usted casi seguro también conmigo.

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