Las cárceles

UNO de los problemas que más preocupa a los ciudadanos es el de la seguridad. Y el que más le escandaliza cuando se percibe su carencia. Es un clamor que el sistema penitenciario español debería revisarse, entre otras razones para que no vuelva a producirse esa aberración de que un preso condenado por violación, en permiso de fin de semana, vuelva a violar y además asesine a dos chicas que, paradójicamente, resulta que eran policías en prácticas. No es un hecho aislado éste de los presos que se dedican a delinquir durante los permisos penitenciarios. Y como para conceder uno de estos permisos se requieren una serie de informes familiares, psicológicos, de buena conducta o de lo que sea, con el fin de que el juez que lo otorgue esté debidamente respaldado y sin sombra de arbitrariedad, algo habrá que modificar para que los ciudadanos no se encuentren indefensos ante tanta dejadez y desmesura. “Odia el delito y compadece al delincuente”, escuchábamos como un axioma de reinserción en las aulas de la facultad de Derecho. Con el tiempo, pero también desde la atalaya de la realidad que ofrece la experiencia, nos hemos dado cuenta de la legión de víctimas que han ido sembrando esos criminales de los que tanto nos habíamos compadecido.

La reinserción de los delincuentes es un fin que está en nuestra Constitución, es decir, que no es algo que pueda cambiarse así como así. Esa finalidad, además, está desarrollada en la Ley General Penitenciaria, que es Orgánica, lo cual requiere para su modificación una mayoría reforzada. En cualquier caso, nadie que tenga unos sentimientos medianamente buenos, puede oponerse a algo tan saludable y que, sobre el papel, proporcionaría grandes beneficios sociales: el abandono de la delincuencia tras el paso temporal por unas instituciones penitenciarias -las cárceles- que se habrían convertido en lugares de reinserción. Tan utópicos objetivos nos propusimos en el Ministerio de Justicia del primer Gobierno de la democracia. Entonces yo tenía veintipocos años, era asesor del ministro de la cosa y colaboré en la reforma penitenciaria, primero con el socialdemócrata del partido de “pacordoñez” Jesús Hadad, que murió trágicamente asesinado por unos grapos que no querían reinsertarse bajo ningún modo; y luego con el inolvidable Carlos García Valdés, dos años mayor que yo, o sea de también veintipocos, catedrático de Derecho Penal, y que fue quien impulsó esa Ley Orgánica Penitenciaria, primera de la democracia, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

Entonces la ingenuidad tenía una justificación: salíamos del franquismo. Hoy, con una tipología delictiva y un perfil de delincuentes insospechados en 1978, ya no resulta tolerable la ingenuidad. Sabemos demasiado. Pretender que las cárceles pueden servir para reinsertar a alguien, a lo sumo y en el mejor de los supuestos, es un ejercicio de cinismo y, probablemente, si alguien se obstinara en tal afirmación se descalificaría por ignorante. Hoy conocemos que determinados perfiles criminales no tienen solución y culpar a la sociedad, así, en general, de su existencia constituye un lugar habitual en la izquierda radical que es la que ahora parece que marca el paso de las acciones del Gobierno. La actual política penitenciaria se ha inclinado por una deriva que conduce inexorablemente al abismo de la inseguridad o, si sus responsables fuesen sensatos, a la más abultada de las rectificaciones.

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