Cacería Judicial

Algunas personas, de dudosa estética, sólo acatan el resultado de una elección si les favorece. De esta forma, cuando esas personas son las que gobiernan o son mayoría en una asociación o pueden inclinar en un sentido u otro una determinada decisión, pretenden, con mucha razón, que su criterio mayoritario sea respetado por los demás. Pero, ay, cuando inexorablemente les llega a esas mismas personas estar en minoría, entonces aceptan muy mal que otros criterios sean los que se impongan. En ese momento se lanzan a la descalificación personal o contraponen la fuerza siempre manipulable, y por lo tanto dudosa, de la calle a la emanada de las urnas o reclaman a gritos un diálogo que compense su pérdida de influencia. Por lo general esa forma de actuar, siempre ventajista y carente de ética, es la que comúnmente se denomina, hoy, «progresista». Progresismo que se dedica, en los asuntos relacionados con los tribunales, a la «caza de brujas» o, mejor dicho, a la cacería judicial.

¿Y cómo actúan estos «progresistas» en los asuntos judiciales? Depende. Pero siempre bajo la lupa de la doble moral. Así, por ejemplo, los «progresistas» cerraron en cierta ocasión la puerta del Tribunal Supremo a un magistrado de izquierdas porque «su nombramiento podía molestar al PSOE». A otro magistrado, gobernando el PP pero estando los conservadores en minoría en el Consejo General del Poder Judicial, le impidieron que presidiese una Sala por sus creencias religiosas, los mismos que ahora, con el Gobierno en las manos pero en minoría en ese Consejo han pretendido imponer, y por supuesto han impuesto, algo que para cualquier jurista que se precie y al margen de su ideología resulta, por discriminatorio, inaceptable: el «género» como categoría legal. A los «progresistas» debe reconocérseles, de todas formas, una buena organización ya que, aunque estén en abrumadora minoría, nunca se saltan el guión y jamás practican el libre pensamiento. Así, mientras que los conservadores se arman siempre un lío pues cada uno piensa, dice y escoge bastante libremente, los «progresistas» se sujetan siempre al pensamiento único, es decir, al pensamiento «correcto». Si hay que descalificar a un juez y crucificarlo en el madero de un editorial, se le descalifica; si hay que poner una zancadilla en la carrera de este o aquel magistrado porque «no es de los nuestros», se le pone. No importan los motivos. Se los reviste del calificativo de «progresistas» y así todo queda justificado.

Los populares, en sus ocho años de gobierno, avanzaron poco en la regeneración de las instituciones y con este nuevo socialismo parece que vamos a seguir por el mismo camino del antiguo, aunque con el valor añadido de que los de ahora son expertos en el ejercicio de la doble moral. Eso se traduce en asuntos judiciales en lo siguiente: Un magistrado, actualmente en el órgano de gobierno de los jueces, José Luis Requero, es descalificado por el ministro de Asuntos Sociales por sus ideas religiosas, pero el mismo día el Consejo de Ministros nombra fiscal del Tribunal Supremo a Jesús Bermejo, quien había declarado públicamente: «Yo soy un hombre de izquierdas y desde ese esquema actúo y digo en alto lo que pienso». La cacería judicial siempre dispara hacia el mismo lado. Quizás habría que ir pensando en un prolongado tiempo de veda.

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